Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Ciclo 2º (2022-2027)

Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación se han elaborado de acuerdo con el Real Decreto 903/2010. En concreto, sus artículos 8 y 9 establecen la obligación de desarrollar los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (MPRI) para cada Área de Riesgo Potencial Significativo (ARPSI) identificada en la Evaluación Preliminar del Riesgo de inundación para los escenarios de alta, media y baja probabilidad, correspondientes a las avenidas con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

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Field Value
Author Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Segura
Last Updated February 17, 2026, 13:05 (UTC)
Created February 17, 2026, 13:05 (UTC)
Language spa
all_emails rediam.atiende.csma@juntadeandalucia.es, segura@chsegura.es
date_creation 2020-02-01
date_modified 2025-04-25T12:35:41.497Z
lineage La metodología empleada para la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación es diferente según se trate de tramos fluviales o tramos de transición o costeros: En el caso de los tramos fluviales, se han seguido las pautas establecidas al efecto para todo el ámbito nacional por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de acuerdo con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). En el caso de los tramos de transición o costeros, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MAGRAMA ha sido la encargada de su elaboración.
original_license Salvo que se indique lo contrario, los contenidos del sitio web de la Confederación Hidrográfica del Segura se publican bajo licencia Creative Commons 3.0 - Reconocimiento
purpose Cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la Evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento jurídico español, la cuales tienen como objetivo principal reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.
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